RESUMEN. Las libertades de expresión y de información desempeñan un papel
fundamental en el funcionamiento de las modernas democracias occidentales.
Sin embargo, las citadas libertades públicas, como el resto de
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, se encuentran
sometidas a limitaciones derivadas del reconocimiento de otros derechos
o bienes constitucionales.
El presente artículo tiene por objeto analizar la legitimidad constitucional
de la limitación de los discursos públicos que justifican el uso de la
violencia para la consecución de fines políticos. En España, las citadas
restricciones se regulan en el artículo 578 del Código Penal, introducido
mediante la LO 7/2000, de 22 de diciembre, por el que se castiga la justificación
pública o enaltecimiento del terrorismo y la LO 6/2002 de Partidos
Políticos, por la que cabe la posibilidad de proceder a la ilegalización
de los partidos políticos cuyos dirigentes, representantes públicos, etc.,
realicen manifestaciones públicas de similares características.Para realizar la labor descrita se ha acudido fundamentalmente a tres
criterios o parámetros distintos, que son: la dimensión objetiva o institucional
de las libertades de comunicación pública reconocida en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos y la teoría general de la limitación de
los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional español.
ABSTRACT. Freedom of expression and Freedom of communication play a
fundamental role in contemporany western democracies. However,
these public freedoms, as the rest of recognized fundamental rights by
the Spanish Constitution, are subdued to limitations which are linked to
other constitutional rights and goods recognition.
This article has the objective of analyzing the constitutional
legitimacy of political speeches’ limits that justify the use of violence to
achieve political goals. In Spain, such restrictions are regulated by the
578 Criminal Code Article, introduced by LO 7/2000 on December 22nd
that punishes public justification of terrorism, and LO 6/2002 known as
Political Parties Act that recognizes the possibility to proclaim illegal a
political party if their leaders, representative members and so on show
in public those ideas.
To fulfill this work, three distinct fundamental criteria had being
used, such as the objective dimension of communication’s freedom
recognized by the Spanish Constitutional Court, European Court of
Human Rights’ Case Law and general theory of fundamental rights’
limits of Spanish Constitutional rules.
