La responsabilidad patrimonial de la administración pública en el ámbito sanitario y la protección del paciente desde la perspectiva del derecho de consumo

Abstract

RESUMEN: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se configura como uno de los pilares esenciales del Derecho Administrativo y del Estado Social, la cual opera en garantía de los ciudadanos frente a las lesiones producidas como consecuencia de la prestación de un servicio público. Sin embargo, y a pesar de la aparente claridad en su formulación legal llevada a cabo en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, sus caracteres y requisitos, distan mucho de encontrarse ajenos de toda crítica –como ya ha puesto de manifiesto la doctrina de la última década-, máxime en un ámbito del servicio público tan sensible como es el sanitario, donde se advierte, con claridad meridiana, la confusión e incertidumbre entorno a sus presupuestos. El ámbito médico y en definitiva, la prestación sanitaria pública, como uno de los principales focos de reclamación de los últimos tiempos, demandan la articulación de un adecuado sistema de responsabilidad frente a los daños producidos como consecuencia de la prestación del servicio, que deje atrás la perniciosa inseguridad jurídica tradicionalmente existente en dicho ámbito, en beneficio de la viabilidad del sistema para la Administración, pero sobre todo, en beneficio del paciente como usuario del servicio público sanitario. A este respecto, la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios, como la última frontera en la ampliación y garantía de los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios, articula un sistema de responsabilidad, que pudiera operar en beneficio de los pacientes del servicio público de asistencia sanitaria.

ABSTRACT: The responsability of the Public Administration is configured as one of the essential pillars of the Administrative Law and the Welfare State, which serves as security for the citizens from injuries and damages caused by the provision of a public service. However, despite the superficial clarity in its legal formulation carried out in Articles 139 and the following of the Law 30/1992, its characters and requirements are far from any criticism, as it has already highlighted by the doctrine of the last decade, especially in the field of the public healthcare service, where its components appears with confusion and uncertainty. The medical field and definitely, public healthcare services, as one of the main sources of complaint in recent times, demand the articulation of a proper system of public responsability for the damages caused by the provision of the service, to overcome the traditionally harmful legal uncertainty in this area, in benefit of the viability of the system, but above all, for the benefit of the patients as users of the public healthcare service. In this regard, the rules of protection of consumers and users, as the last frontier in the guarantee of the rights of the users, articulate a responsibility system that could operate in benefit of the patients as users of the public healthcare service.