Necesidad y oportunidad del Anteproyecto de ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero

Abstract

Tras varios años de una creciente conflictividad jurídica en el sector financiero, se pretende crear una autoridad administrativa para la mejor protección de los intereses del cliente. Con esta idea se da cumplimiento a lo recogido en la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo Los cambios que acomete el anteproyecto resultan de gran ambición. Entre los más destacables, tenemos, por un lado, la unificación de los servicios de reclamaciones de los diferentes organismos supervisores del sector financiero (BE, CNMV y DGS) y centralizarlos en dicha autoridad. Por otro lado, se pretende solucionar la claudicante eficacia de las resoluciones de este tipo de servicios haciendo que las resoluciones de esta autoridad tengan carácter vinculante cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. El anteproyecto muestra interés por la relación precontractual que se configura entre el cliente y cualquiera de los proveedores de servicios financieros y reconoce expresamente la relación asimétrica entre las partes. Otras cuestiones como las posibles sanciones por reclamaciones temerarias o el escaso desarrollo que muestra el prelegislador por la educación financiera serán objeto de análisis y reflexión.

After several years of growing legal conflict in the financial sector, the aim is to create an administrative authority for the best protection of the client's interests. This idea complies with what is contained in the first additional provision of Law 7/2017, of November 2, which incorporates Directive 2013/11/EU, of May 21, into the Spanish legal system, regarding Alternative resolution of consumer disputes. The changes that the draft bill undertakes are highly ambitious. Among the most notable, we have, on the one hand, the unification of the claims services of the different supervisory bodies of the financial sector (BE, CNMV and DGS) and centralizing them in said authority. On the other hand, it is intended to solve the faltering effectiveness of the resolutions of this type of services by making the resolutions of this authority binding when the amount claimed is less than 20,000 euros. The preliminary draft shows interest in the pre-contractual relationship that is set up between the client and any of the financial service providers and expressly recognizes the asymmetric relationship between the parties. Other issues such as the possible sanctions for reckless claims or the scant development shown by the pre-legislator for financial education will be the object of analysis and reflection.