La jurisprudencia española está empezando a reconocer la responsabilidad del Estado derivada de los pronunciamientos emitidos por los comités de expertos de Naciones Unidas cuando estos consideran que España ha vulnerado algún derecho reconocido en los tratados de derechos humanos. Se trata de un hecho insólito, desconocido en el panorama internacional, que puede tener importantes repercusiones económicas y jurídicas. El presente trabajo analiza un aspecto concreto que constituye la base sobre la que se sustentan los recientes pronunciamientos jurisprudenciales: el pretendido carácter vinculante/obligatorio de los pronunciamientos de estos comités. En las páginas finales del estudio se esbozan las dificultades que plantea articular la correspondiente indemnización a través de la institución de la responsabilidad patrimonial.
Spanish Jurisprudence is beginning to recognize the responsibility of the State derived from the pronouncements issued by the Committees of experts of the United Nations in which it is considered that the State has violated a right recognized in the Human Rights Treaties. This is an unusual occurrence, unknown on the international scene, which can have important economic and legal repercussions. This paper analyzes a specific aspect that constitutes the basis on which the recent jurisprudential pronouncements are based: the alleged binding/mandatory nature of the pronouncements of these Committees, advancing in the final pages of the study the difficulties of articulating the corresponding compensation through the institution of the patrimonial responsibility.
