Efectos y límites del ejercicio de las acciones de filiación en el ordenamiento jurídico español

Abstract

La filiación es una relación jurídica que une a los progenitores con sus descendientes, relación que puede tener lugar tanto por naturaleza, como por adopción, de la cuál surgen una serie de derechos y deberes. Actualmente, y con los avances de la ciencia, existen las técnicas de reproducción humana asistida, a través de las cuales también se puede establecer una relación de filiación. En nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos con un sistema de acciones de filiación, existiendo las acciones de reclamación y las acciones de impugnación, las cuales cuentan con una serie de limitaciones en su ejercicio. Por ello, son cuestiones debatidas el control previo de viabilidad de las demandas de filiación, la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica, los plazos preclusivos de las acciones de reclamación y de impugnación, y la amplia legitimación que el legislador ha dado a estas acciones, teniendo incluso legitimación los herederos, puesto que se debe de garantizar con éxito el derecho a la investigación de la paternidad recogido en el artículo 39.2 de la Constitución Española.

Filiation is a legal relationship that unites parents with their descendants, a relationship that can take place by nature and by adoption, from which a series of rights and duties arise. Currently, and with the progress of science, there are assisted human reproduction techniques, through which a relationship of filiation can also be established. In our legal system we find a system of filiation actions, with claim actions and challenge actions, which have a series of limitations in their exercise. For this reason, the prior control of viability of filiation claims, the refusal of the defendant to submit to the biological test, the preclusive deadlines for claims and challenge actions, and the broad legitimation that the legislator has given to these actions, even the heirs having legitimation, since the right to investigate paternity contained in article 39.2 of the Spanish Constitution must be successfully guaranteed.