La ilegalización de los partidos políticos sobre la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos
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Identificadores
URI: https://hdl.handle.net/10902/30283Registro completo
Mostrar el registro completo DCAutoría
Banari, CatalinFecha
2023-06-19Director/es
Derechos
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Disponible después de
2028-06-19
Palabras clave
Ilegalización, disolución, partidos políticos, asociación, democracia
Illegalisation, dissolution, political parties, association, democracy.
Resumen/Abstract
Dado el contexto sociopolítico español de las últimas décadas el punto de mira ha estado siempre en la actividad desarrollada por los partidos políticos. A causa de la relevancia que estos tienen en las sociedades democráticas actuales es fundamental eliminar cualquier obstáculo para el ejercicio y desarrollo libre de dicho derecho. Sin embargo, ello no significa que no se les pueda y deba de imponer límites al ejercicio de sus actividades, asunto que entró a desarrollar la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. El objetivo de este trabajo es analizar los fundamentos, los procesos y las consecuencias de la ilegalización en nuestro marco normativo, poniendo de relieve la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de los principios democráticos y la preservación de este derecho reconocido por la Constitución. A este efecto, además del régimen jurídico vigente, traeré a colación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ofrecer una visión más esclarecedora acerca de esta cuestión.
Given the Spanish socio-political context of recent decades, the focus has always been on the activity carried out by political parties. Because of their relevance in today's democratic societies, it is essential to remove any obstacle to the free exercise and development of this right. However, this does not mean that limits cannot and should not be imposed on the exercise of their activities, a matter that was developed by Organic Law 6/2002, of 27 June, on Political Parties. The aim of this paper is to analyse the foundations, processes and consequences of illegalisation in our regulatory framework, highlighting the importance of maintaining a balance between the protection of democratic principles and the preservation of this right recognised by the Constitution. To this end, in addition to the current legal regime, I will draw on the jurisprudence of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights to offer a more enlightening view of this issue.