Libertad de expresión, terrorismo y límites de los derechos fundamentales

Abstract

RESUMEN: Las libertades de expresión y de información desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de las modernas democracias occidentales. Sin embargo, las citadas libertades públicas, como el resto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, se encuentran sometidas a limitaciones derivadas del reconocimiento de otros derechos o bienes constitucionales. El presente artículo tiene por objeto analizar la legitimidad constitucional de la limitación de los discursos públicos que justifican el uso de la violencia para la consecución de fines políticos. En España, las citadas restricciones se regulan en el artículo 578 del Código Penal, introducido mediante la LO 7/2000, de 22 de diciembre, por el que se castiga la justificación pública o enaltecimiento del terrorismo y la LO 6/2002 de Partidos Políticos, por la que cabe la posibilidad de proceder a la ilegalización de los partidos políticos cuyos dirigentes, representantes públicos, etc., realicen manifestaciones públicas de similares características.Para realizar la labor descrita se ha acudido fundamentalmente a tres criterios o parámetros distintos, que son: la dimensión objetiva o institucional de las libertades de comunicación pública reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la teoría general de la limitación de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional español.

ABSTRACT: Freedom of expression and Freedom of communication play a fundamental role in contemporany western democracies. However, these public freedoms, as the rest of recognized fundamental rights by the Spanish Constitution, are subdued to limitations which are linked to other constitutional rights and goods recognition. This article has the objective of analyzing the constitutional legitimacy of political speeches’ limits that justify the use of violence to achieve political goals. In Spain, such restrictions are regulated by the 578 Criminal Code Article, introduced by LO 7/2000 on December 22nd that punishes public justification of terrorism, and LO 6/2002 known as Political Parties Act that recognizes the possibility to proclaim illegal a political party if their leaders, representative members and so on show in public those ideas. To fulfill this work, three distinct fundamental criteria had being used, such as the objective dimension of communication’s freedom recognized by the Spanish Constitutional Court, European Court of Human Rights’ Case Law and general theory of fundamental rights’ limits of Spanish Constitutional rules.