RESUMEN: En la contratación hipotecaria española, desde hace más de cuarenta años, se les ha impuesto a los prestatarios hacerse cargo de los costes derivados de la constitución del préstamo hipotecario.
Esta imposición del banco, como predisponente de las cláusulas del contrato comenzó a ser objeto de sentencias en contra en el año 2010 gracias a nuestra legislación para la protección de los consumidores y usuarios.
Desde el año 2015, se han realizado reclamaciones a las entidades financieras de forma masiva gracias a la jurisprudencia favorable del Tribunal Supremo lo cual ha terminado provocando la caída en desuso por parte de los bancos de estas cláusulas, que ahora realizan el reparto de los gastos conforme al criterio que aplican los juzgados y tribunales.
El presente trabajo explica esta problemática y cómo ha evolucionado la imposición de esta cláusula en relación con nuestra legislación sobre contratación con consumidores, que ha conseguido reformular los parámetros de atribución de gastos en atención a las normas tributarias vigentes.
ABSTRACT: In Spanish mortgage contracting, for more than forty years, borrowers have been required to bear the costs derived from the constitution of the mortgage loan. This imposition of the bank, as a predisposing agent of the contract clauses, began to be the subject of sentences against it in 2010 thanks to our legislation for the protection of consumers and users. Since 2015, claims have been made to financial institutions on a massive scale thanks to the favorable jurisprudence of the Supreme Court, which has ended up causing the banks to fall into disuse of these clauses, which now distribute expenses according to the criteria now applied by the courts and tribunals. This work explains this problem and how the imposition of this clause has evolved in relation to our legislation on contracting with consumers, which has managed to reformulate the parameters of attribution of expenses in accordance with current tax regulations.
