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    Las penas y consecuencias accesorias de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo tras las reformas del Código Penal por Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015.

    Penalties and Accessory Consequences of Crimes Against Land Management and Urban Planning After Reforms of the Criminal Code by Organic Laws 5/2010 and 1/2015

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    AGUDO PÉREZ, ANGELA.pdf (470.7Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/20218
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    Autoría
    Agudo Pérez, Ángela
    Fecha
    2020-07
    Director/es
    López del Moral Echeverría, José LuisAutoridad Unican
    Derechos
    ©Ángela Agudo Pérez
    Resumen/Abstract
    RESUMEN: Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo se encuentran regulados en el Código Penal dentro del Título XVI rubricado “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente”, en el Capítulo I “De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo”, arts. 319 y 320, todas las reformas del Código Penal por las L.O. 5/10 y 1/15. El bien jurídico protegido es la utilización racional del suelo como recurso natural limitado y la adecuación de su uso al interés general. Se contempla un tipo básico que castiga la urbanización, construcción o edificación, no autorizable llevada a cabo sobre suelo no urbanizable común (art. 319.2 CP) y, un tipo agravado en suelo especialmente protegido (art. 319.1 CP). Se prevé la demolición de la obra a cargo del autor del hecho y reposición a su estado originario de la realidad física alterada sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, así como se condiciona temporalmente la demolición a que se oiga a la Administración y el condenado constituya garantías (art. 319.3 CP), cabiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por estos delitos (art. 319.4 CP). Por su parte, el art. 320 CP tipifica como delito de prevaricación urbanística varias conductas consistentes en: a) informar favorablemente en contra de las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes; b) silenciar la infracción de dichas normas con motivo de inspecciones; c) omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio (art. 3201. CP) y, d) votar o resolver a favor de la concesión en contra de las normas administrativas vigentes (art. 320.2 CP), siendo el sujeto activo la autoridad o funcionario público y requisito común de este delito el dolo, referido a haber actuado “a sabiendas de su injusticia”. ABSTRACT: Offences against territorial organisation and urban planning are regulated in the Criminal Code within Title XVI initialed "About the offences related to regional and town planning, the protection of the historical heritage and the enviroment", in Chapter I “About territorial organisation and urban planning”, arts. 319 and 320. The protected legal asset is the rational use of land as a limited natural resource and the suitability of its use for the general interest. A basic legal type is considered that punishes non authorized urbanization, construction or edification, carried out on common undeveloped land (art. 319.2 CP) and an aggravated type on specially protected land (art. 319.1 CP). The demolition of the construction by the perpetrator is foreseen and the original state of the altered physical reality will be restored without prejudice to the compensation due to third parties in good faith, as well as making the demolition temporarily conditioned upon hearing the Administration and the constitution of guarantees by the convicted person (art. 319.3 CP), allowing the criminal liability of legal persons for these crimes (art. 319.4 CP). For its part, art. 320 CP classifies various conducts as a crime of urban prevarication, consisting of: a) reporting favorably against the current territorial or urban planning regulations; b) silencing the infraction of said norms on account of inspections; c) omiting the performance of compulsory inspections (art. 3201. CP) and, d) voting or deciding in favor of the concession against the current administrative regulations (art. 320.2 CP), the active subject being the authority or Public official and common requirement of this crime, wilful intent, referred to having acted "knowing its injustice."
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