La indexación es una política que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo. Se recurre a ella generalmente, para combatir los efectos perjudiciales de las inflaciones altas. De manera frecuente, se utiliza para protegerse de la pérdida de poder adquisitivo que genera dicha inflación.
No obstante, la indexación genera efectos no deseados como la inercia de la inflación, la persistencia de la inflación y los efectos de segunda ronda otra entre otros.
En una economía como la española, donde la inflación es baja moderada, la indexación no tiene ventajas ya que los costes de la indexación son mayores que la reducción de los costes de la inflación.
En este contexto nace la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, cuyo objetivo es implementar un régimen general basado en el principio de no indexación en la actualización de los valores monetarios de los contratos del sector público. De esta forma, se pretende restringir el recurso a aquellos casos en que dicha política sea necesaria y esté justificada, y evitar así los perjuicios de esta política.
Esta ley se desarrolla por el Real Decreto 55/2017, donde se dictan los principios y criterios para las revisiones de precios de los contratos del sector público, vinculados siempre a los costes de la actividad. El decreto desarrolla también los regímenes de la revisión periódica y predeterminada, la revisión periódica no predeterminada y la revisión no periódica fijados por la ley.
La aprobación de este decreto supone la entrada en vigor de un régimen de precios complejo, pero con la finalidad de dotar de transparencia a los procesos de revisión, y así evitar distorsiones y sesgos inflacionistas en las revisiones.
La Ley 2/2015 tiene una gran importancia en el sector de transporte, ya que el sector público interviene de varias formas en la actualización de las tarifas de dicho sector. Por ejemplo, las licencias (como es el caso del taxi) y las concesiones.
El sector de transporte regular de viajeros por carretera se considera susceptible para la revisión periódica y predeterminada, por sus características (en cuanto a su estructura de costes) y la frecuencia de los contratos de concesión en dicho sector.
Indexation policies are common in many markets and economies. Generally, it is used to combat the harmful effetcs of high inflation. Frequently, it is used to protect againts the loss of purchasing power that generates that inflation. However, indexation generates unwanted effects such as inflation inertia, the persistence of inflation and second-round effects, among others.
In the Spanish case, where inflation is moderately low, indexation policies have not advantages, as the costs of indexing are higher than the reduction of inflation costs
In this context, Law 2/2015 of deindexation was born in Spain, which objective is implement a general regime based on the principle of non-indexing in the updating of the monetary values of public sector contracts, in this way, restrict this recourse to serious cases in where policy will be necessary and justified, so avoid the damage of this policy.
This law is developed by Royal Decree-Law 55/2017, where are developed the principles and criteria for price reviews of public sector contracts, linked always at the costs of the activity. The decree also develops the regimes for the periodic and predetermined review, non-predetermined periodic review and non-periodic review set by law.
The approval of this decree implies the entry into force of a complex price regime, but with the purpose of providing transparency to the review processes, and avoid distortions and inflationary biases in the reviews.
Law 2/2015 is of great importance in the transport sector, since the public sector intervenes in several ways in updating the tariffs of this sector. For example, licenses (suchs as the taxi case) and concessions.
Public bus transport service contracts are considered subject to the periodic and predetermined review, due to their characteristics and frequency.
