RESUMEN: En la actualidad, se ha observado un fuerte descenso en la contratación de la obra pública con respecto a los años anteriores a la crisis. Como consecuencia de esta importante reducción en el volumen de obra licitada las empresas constructoras se encuentran con grandes dificultades para mantener su producción, llevándolas a asumir unos riesgos en sus ofertas motivados en gran medida por los criterios de adjudicación aplicables.
Se trata de un tema difícil de resolver porque aunque se está intentando solventar a través de cambios en la legislación, dichos cambios dejan desasistidas a las pequeñas y medianas empresas constructoras.
Por todo ello, y debido a que no existe un estudio detallado al respecto de esta coyuntura, el presente trabajo tiene por objeto proponer un nuevo criterio de adjudicación para valorar las ofertas económicas, que permita a las empresas del sector de la construcción contratar en unas condiciones de equilibrio económico aceptable, apoyándome en una aplicación como medio para simular los resultados de aplicar lo expuesto en el trabajo.
Para llevar a cabo este trabajo se realizará un análisis de los diferentes pliegos de cláusulas utilizados por distintas Administraciones para poder comparar los diferentes criterios de adjudicación que tienen para evaluar la oferta más ventajosa, con la finalidad de obtener las conclusiones necesarias que me lleven a proponer unos criterios que, siendo respetuosos con la legislación vigente, permitan obtener la mayor objetividad posible.
En mi opinión, las adjudicaciones de los concursos deberían tener unos criterios de adjudicación que valorasen tanto los aspectos técnicos (menor plazo de ejecución de la obra justificado, relación de personal adscrito a la obra con experiencia en obras similares, mejoras ofertadas, etc.) como los aspectos económicos, dándose la máxima puntuación a aquellas ofertas más próximas a la media. De esta forma las
empresas ajustarían sus precios, pero tenderían a buscar la puntuación máxima la cuál se lograría con la oferta media, evitando de este modo las bajas que se ofertan actualmente en las licitaciones y la incapacidad de las empresas para defenderlas así como las pérdidas adquiridas en esas obras contratadas a unos precios inasumibles.
ABSTRACT: A sharp reduction in the contracting of public works has recently been observed, compare to the years before the crisis. As a result of this significant drop in the volume of tendered works, construction companies are struggling to maintain production, leading them to assume a number of risks in their bids, arising to a large extent from the applicable award criteria.
This is a difficult problem to solve because, although efforts are being made to change the corresponding legislation, these changes fail to support small- and medium-sized construction companies.
In light of all this, and since no detailed study has been performed on the matter, the objective of this work is to propose a new set of award criteria for evaluating financial proposals, which would allow companies in the construction sector to enter into contracts under conditions of acceptable economic balance, developing an application as a means of simulating the results of said analysis.
In order to perform this work, the various provisions used by the different Administrations will be analysed in order to compare the different award criteria used to select the most advantageous bid. This analysis should provide the necessary conclusions for proposing a new set of criteria which, in accordance with the legislation in force, would allow for the greatest possible objectivity.
In my opinion, public contracts should be awarded according to award criteria that evaluate both the technical aspects (justified shorter implementation period, list of staff assigned to the project with relevant experience, suggested improvements, etc.) and the financial aspects, with the maximum points being awarded to the most economical bids but with very little difference between the points obtained by the average bid and the maximum lowest bid. This way, companies would adjust their prices, thereby preventing the low bids currently seen in tendering processes and the inability of companies to defend such bids, as well as the losses incurred on projects awarded at such unacceptable prices.
